Manolo Berjón
Miguel Angel Cadenas
Los días 19 y
20 de febrero de 2018 se desarrolló una reunión de representantes de las 5
cuencas, los mismos que firmaron los “acuerdos de Saramurillo” en diciembre de
2016, con el gobierno peruano en Nauta, provincia de Loreto. Bajaron un buen
grupo de indígenas de la provincia de Loreto para tal reunión. Finalizaron
firmando un documento donde básicamente se pusieron plazos y presupuesto y se
delimitó quién es responsable de ejecutarlo por parte del estado. Vendría a ser
como una acotación al acta firmada en Saramurillo el 2016. Un éxito para los
pueblos indígenas, pero ha pasado un año en vano. Un triunfo para el gobierno
que puede presentar un “conflicto resuelto” (por esta vez, hasta la próxima),
estampado con la firma de Mercedes Araoz, primera ministra. Pero, ¿qué hay en
la trastienda? Esta nota tratará de arrojar un poco de luz sobre esa zona
oscura.
Foto: Juan Carlos Ruiz
En 1921 la
Compañía Standard Oil obtuvo una concesión de 25.000 Km2 en la
Amazonía ecuatoriana. Para 1937 la Shell se hace con 10 millones de hectáreas,
más de la mitad de la región amazónica de aquella época, desplazando a Standard
Oil. Esta última se alía con el gobierno peruano y las tensiones terminan por
desencadenar la guerra de 1941 por los límites entre ambos países.
En 1941 el P.
Avencio Villarejo hace un viaje misional por el Alto Corrientes. Le llaman la
atención unos “estratos raros”. Relató esta experiencia en su libro “Así es la
selva”. En 1956 un ingeniero norteamericano vino a comprobar esos “estratos
raros” narrados por el P. Avencio. En 1971 empezó a brotar petróleo en el pozo
Corrientes X1.
El petróleo se
convierte en una estrategia de “ocupación del espacio” a ambos lados de la
frontera. Esto tiene su importancia, porque implica que la protección de la
frontera es prioritaria para el estado-nación. Eso vendría a demostrar el poco
interés en temas medioambientales y de protección de pueblos indígenas. Estos,
más bien, son un estorbo. Sólo cuando los indígenas protestan se conversa con
ellos. Pero sin ningún plan de por medio. El único objetivo es calmarles para
que todo siga igual. De hecho, propuestas como la creación de una Comisión de
la Verdad o el cambio de modelo energético pasan desapercibidas, a pesar de
estar en el acta de Saramurillo de 2016.
Si nuestra
hipótesis es cierta, nos atrevemos a señalar que es lo que está detrás de las
leyes ambientales débiles que, para mayor desgracia, no se cumplen. Añadiríamos
un par de notas más. La primera es que no importa el precio del petróleo, hay
que dar garantías a las compañías para que exploten el petróleo porque es una
forma de ocupación del espacio y de cuidado de la frontera. Segundo, no importa
el verdadero estado del oleoducto, se necesita para poner el petróleo de la
selva en la costa peruana. Modernizar el oleoducto implicará un aumento del
gasto de producción del barril. Eso hay que compensarlo con exoneraciones y
otros implementos legales que permitan a las compañías ocupar el territorio.
Es decir, un
Estado penetrado por compañías petroleras que hacen lobby para que las leyes
sean débiles. Leyes que, además, no se cumplen porque existe un objetivo
oculto: ocupación territorial cercano a la frontera. De ahí que los volúmenes
ridículos de hidrocarburos no impidan su extracción. Esto obliga al
estado-nación a ofrecer todo tipo de facilidades a las compañías petroleras.
Hablar de frontera es nombrar los intereses de otro grupo prioritario en el
estado-nación: el ejército.
El siguiente
paso en la ocupación del territorio es obvio: una carretera. La proyectada
carretera de Iquitos a Saramiriza es un parte. De un lado, conecta a Iquitos
con la costa, algo que es querido por la población loretana, pero que causará
impactos impredecibles y desastrosos en cuanto extracción de recursos naturales
y penetración del narcotráfico. Por otra parte, esta carretera es tan solo la
mitad de la misma. De Iquitos se va a la comunidad nativa de 12 de octubre, en
el alto Tigre y de ahí ya hay una carretera construida por los petroleros hasta
Andoas, en el alto Pastaza.
Esta carretera Andoas (alto Pastaza) – 12 de octubre (alto Tigre) se proyecta hasta Güeppí (alto Putumayo), atravesando el alto Napo. Es decir, tenemos una carretera que circula paralela a la frontera ecuatoriana. De esta manera se vuelve a ocupar el espacio. Ahora con una carretera. De nuevo: extracción de recursos naturales y ocupación de territorios indígenas con todo lo que esto conlleva. Una de sus consecuencias, no la menor, será la lenta extinción de las lenguas indígenas.
Para concluir,
el estado-nación (blanco, por supuesto) impone sus criterios, intereses y
negocios sobre los pueblos indígenas. Estos últimos son un estorbo para los
verdaderos intereses del estado-nación, que acepta conversar con ellos siempre
y cuando no hagan problemas y permitan continuar al estado-nación con su
proyecto. Es preciso recordar que el estado-nación está penetrado por el
capitalismo: símbolos como el dinero y las imágenes no necesitan pasaporte.
Post Data: el
día 19 hubo una reunión en Iquitos sobre la hidrovía amazónica y el 20 esta
misma reunión se desarrolló en Nauta. Es interesante cómo el estado hace
coincidir estas dos reuniones (hidrovía y 5 cuencas). No hay interés en los
pueblos indígenas, tan solo que no den problemas para que el estado-nación
pueda seguir con sus políticas de ocupación del espacio. La hidrovía supone
dragar varios puntos en grandes ríos amazónicos que modificarán la pesca, la
sociedad y hasta las cosmologías indígenas. Tenemos un sándwich: por un lado,
la hidrovía; por otro, el eje petrolero y las carreteras. Habría que añadir la
línea de transmisión Moyobamba-Iquitos y las represas proyectadas en el
Marañón. En el medio, multitud de pueblos indígenas que están siendo agredidos
en su territorio. La acumulación de los impactos es superior a la suma de cada
uno de los mismos.
Post Data 2:
habría que complementar esta nota con la visión de los pueblos indígenas, ellos
no son una tabula rasa. Pero será en otro momento.
