Iquitos, 23 junio 2016
Han sido un éxito las demandas
constitucionales sobre la hidrovía amazónica y el caso de la comunidad kukama
de Tarapacá. No hay ninguna duda al respecto. Sin embargo, siempre conviene
repensar las actuaciones y buscar nuevas aristas que permitan ir avanzando.
En el caso de la hidrovía el
poder judicial obligó al ejecutivo a consultar a los pueblos indígenas. Así se
realizó. El poder ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, convocó a todas las organizaciones de los ríos afectados a una
reunión en Pucallpa. Allí las organizaciones indígenas exigieron que desarrollaran
talleres informativos. Esto sirvió para que los dirigentes de las
organizaciones indígenas se presentaran ante sus asociados con algo conseguido:
los talleres. ¿Sirvieron esos talleres para tener más y mejor información? No,
por supuesto. El ministerio correspondiente los utilizó como un mero trámite
para conseguir sus objetivos. El ejecutivo encauzó la conversación. Quedaron
para una posterior reunión que se llevó a cabo en Iquitos. En más de 4 días de
taller el ejecutivo consiguió que las organizaciones indígenas firmaran el
consentimiento de la hidrovía. No cabe duda, el ejecutivo fue ágil y eficaz. Pueden
consultar: https://lacanoavarada.lamula.pe/2015/09/25/a-proposito-de-la-consulta-sobre-la-hidrovia-amazonica/karwara/,
también se puede consultar: https://lacanoavarada.lamula.pe/2016/01/04/la-hidrovia-amazonica-en-el-capitalismo-emocional/karwara/
y https://lacanoavarada.lamula.pe/2015/08/24/reconocimiento/karwara/
El caso de la comunidad kukama de
Tarapacá también es emblemático. El Ministerio de Agricultura se ha negado
durante 10 años a considerar a Tarapacá como comunidad indígena kukama. Han
sido años de ida y vuelta a los juzgados, de reuniones, conversaciones,
abogados, jueces, funcionarios de
agricultura… Un sinfín de personas han intervenido, para que al final el poder
judicial dictamine que se reconozca a la comunidad de Tarapacá como comunidad
indígena kukama. Hasta acá todo bien.
© Manolo Berjón, junio 2016, Apu Rusbel Casternoque, comunidad nativa kukama de Tarapacá
Sin embargo, nosotros vemos un
fallo en todo este proceso. Los ministerios competentes en cada caso se pueden
dar el lujo de negar derechos. Y los derechos no se pueden negar. Una persona
tiene derechos y como tales puede ejercerlos. De igual modo los pueblos
indígenas. En estas disputas los ministerios implicados han querido negar
derechos y el poder judicial les ha tenido que obligar a reconocerlos. Hasta
acá todo bien, pero no tanto.
Hay que pensar alguna figura
jurídica donde los jueces sancionen de alguna manera a los ministerios
implicados. De lo contrario al poder ejecutivo le conviene retrasar todo lo que
puede los procesos, sabiendo que a fin de cuentas no le va a suceder nada. Si
hubiera algún tipo de sanción administrativa o económica que obligara a los
ministerios en cuestión a reconocer los derechos indígenas, el ejecutivo se
pensaría dos veces volver a cometer los mismos errores.
En palabras sencillas. Se han
ganado las dos demandas. Con mucho sufrimiento y gasto por parte de las
organizaciones indígenas y las comunidades involucradas. Sin embargo, el
ejecutivo se permite el lujo de continuar con otros procesos sin consultar. Ahí
están la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos o las represas en el
Marañón, por poner dos casos. Estos hechos nos llevan a repensar que las
demandas constitucionales, con ser un instrumento muy importante, no terminan
de ser una salida para los pueblos indígenas. Se necesitaría algún tipo de
sanción económica que le duela al ejecutivo para que se piense dos veces la
consulta antes de iniciar un nuevo megaproyecto. De lo contrario, el ejecutivo
escucha, acata y pone en práctica las sentencias judiciales como si de cantos
de sirena se tratara.
© Manolo Berjón, junio 2016. Integrantes de la comunidad kukama de Tarapacá con algunos visitantes
Manolo Berjón
Miguel Angel Cadenas
