Iquitos, 24 de febrero de 2016
Estábamos en un curso de Derechos
Humanos en Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari y provincia de Loreto,
cuando saltó la noticia de un incendio en un tanque de petróleo de la estación
de San José de Saramuro. Era el año 1995 (mayo o junio). Todo lo zanjaron en
silencio. El acontecimiento se perdió en el olvido. La distancia y la falta de
contactos no dieron para más. Estábamos recién llegados.
El suceso nos abrió los ojos al
Oleoducto Nor-peruano. Lo que recibían algunas comunidades eran unos cuantos
lapiceros y cuadernos cada año y medio aproximadamente. Nos pareció ridículo.
Poco a poco fuimos escuchando varios sucesos. Uno de ellos ocurrido unos años
antes en la quebrada Patuyacu, frente a la comunidad nativa de Monterrico
(distrito de Urarinas, provincia de Loreto) donde una rotura del oleoducto
terminó con la muerte de un ingeniero “gringo” cuando su helicóptero se
estrelló al ir a reparar el Oleoducto. La gente lo narraba con total
normalidad.
Años después, en una infausta
tarde de octubre de 2000, percibimos un penetrante olor a petróleo antes de
visualizar la mancha negra en que se había convertido el Marañón. En aquel
entonces vivíamos en Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari y provincia de
Loreto. Nunca habíamos visto semejante agresión. Por entonces era difícil hacer
comprender la gravedad del tema. Perú recién había salido de una negra época de
terrorismo. Las personas y organismos vinculados a derechos humanos no habían
incorporado todavía el tema del medio ambiente. Los que nos atrevíamos a
mencionarlo éramos sospechosos de poco compromiso con el Perú. Así nos lo
hicieron sentir colectivos cercanos e incluso instituciones eclesiales. Un
amigo, que se atrevió a defendernos en aquella época, nos solicitó que le
comunicáramos lo que necesitábamos. Entre otras cosas pedimos un teléfono
público. En aquel entonces no había nada más que unas cuantas radiofonías. La
petición le pareció exorbitada: “tampoco es ahora para pedir infraestructura que
no tiene que ver el derrame”, fueron más o menos sus palabras. Nos quedamos de
piedra. Desde la Defensoría del Pueblo nos pidieron que tuviéramos cuidado con
la radiofonía: “les están escuchando todo”.
No se comprendía la gravedad del
asunto. Un comerciante de Santa Rita de Castilla nos dijo algo parecido a lo
que sigue: “siempre ha habido derrames. Yo voy al río, separo un poco el
petróleo crudo y recojo el agua para tomar. Siempre ha sido así, nunca me ha
pasado nada. ¿Por qué esta vez va a ser diferente?”. Nos quedamos petrificados
en el río mientras llevaba el agua a su casa en un balde. Ese mismo día tuvimos
que retar a un antropólogo, enviado por la Pluspetrol a tomar agua del río dado
que insistía en que no estaba contaminado. Evidentemente, no aceptó el reto.
El 2010 volvió de nuevo a ocurrir
otra rotura del oleoducto. Para entonces la gente ya estaba más preparada. Para
esta fecha Pluspetrol aseguró que la Reserva Nacional Pacaya Samiria no estaba
contaminada, a una pregunta nuestra en Santa Rita de Castilla. Mayor cinismo,
imposible. Pluspetrol dividió a las
organizaciones indígenas y preparó un problema serio posterior. El Estado nunca
estuvo a la altura de las circunstancias, amparando prácticas poco
responsables. Para entonces ya había teléfonos públicos en varias comunidades.
Fue más fácil dar a conocer lo que estaba sucediendo. Se puede repasar los
periódicos de la época.
El 2014 hubo en derrame en San
José de Saramuro, que no se reportó y cerraron las instalaciones petroleras
para negar la información. El gobierno peruano lo mantuvo en silencio. Poco
después fue el derrame en Cuninico, producto de la rotura del oleoducto.
Petroperú no percibió dos hechos básicos. Por un lado, ya había teléfonos en
casi todas las comunidades, incluso ya había celulares. Por otro, ese año
comenzó un servicio de deslizadores “rápidos” que te transportaba de Nauta a
Cuninico en 10 horas aproximadamente. Eso permitió la llegada de periodistas y
alguna ONG amiga. La judicialización del caso sigue adelante y ha permitido
sentar las bases de un antes y un después de Cuninico.
Posteriormente, también el 2014,
hubo otro derrame en San Pedro, distrito de Urarinas, provincia de Loreto, de
mayor cuantía y gravedad que el de Cuninico. A pesar de la presencia de
periodistas este caso no ha tenido la repercusión de Cuninico. Algún día
contaremos la “intrahistoria” de todo este dolor. No se judicializó el caso.
Hay más derrames, muchos más. Estos
son los más saltantes. Nos llamaron de San José de Saramuro en varias
ocasiones, del Chambira y de otros lugares que ahora es tedioso narrar.
Sirva este post como inicio de
esta nueva contribución. También nos gustaría contextualizar el tema del
Oleoducto con estos pocos datos que permite mirar que las roturas en Chiriaco y
Morona no son “accidentes”, sino una forma de actuación negligente. Nos
gustaría ver ahora las caras de los organismos que han entregado certificados a
Petroperú de buenas prácticas. En ocasiones la verdad tarda en salir a la luz,
pero “la verdad nos hará libres”.
Los medios cuentan que, otra vez,
han sido contratados menores de edad por Petroperú para recoger el crudo, igual
que en Cuninico. No hemos aprendido nada.
Para el derrame en Chiriaco se puede consultar: http://jesuitas.pe/index.php/novedades/iglesia/439-pronunciamiento-derrame-inayo#.Vs3WCfnhDIU
© Manolo Berjón 2014 - Oleoducto Nor-peruano a la altura de Cuninico
Miguel Angel Cadenas
Manolo Berjón
